Por Ramón Mercedes
NUEVA YORK.- Los arrestos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) aumentaron considerablemente en Nueva York y Nueva Jersey durante los últimos meses, según datos atribuidos a la Universidad de California.
Las cifras indican que las detenciones se incrementaron durante junio y volvieron a registrar un fuerte crecimiento en julio.
A nivel nacional, los arrestos rondaron los 50,000 durante julio, frente a menos de 30,000 registrados en febrero.
Nueva Jersey presentó uno de los mayores aumentos, con un incremento de 147.6 % entre mayo y julio.
En Nueva York, los arrestos atribuidos a ICE pasaron de 754 en abril a 1,355 en julio, lo que representa un aumento de aproximadamente 79.7 %.
En medio de este escenario, entraron en vigor en el estado de Nueva York dos nuevas leyes dirigidas a limitar la cooperación de las agencias policiales locales con las autoridades federales de inmigración.
Las disposiciones incluyen la Ley de Policías Locales, Delitos Locales y la Ley de Dignidad, No Detención.
Como parte de las nuevas regulaciones, varias agencias policiales locales deberán poner fin a los acuerdos establecidos con ICE bajo el programa 287(g), que permite determinadas formas de cooperación entre autoridades locales y federales en materia migratoria.
Las autoridades estatales sostienen que los acuerdos que permanezcan vigentes luego de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones podrían quedar sin efecto.
“Nuestras agencias deben enfocarse en una sola cosa: la seguridad de la comunidad, no en hacer el trabajo de ICE”, señala la posición de quienes respaldan las medidas.
Entre las agencias señaladas se encuentran el Departamento de Policía del Condado de Nassau, el Departamento de Policía de la Villa de Mohawk y las oficinas del sheriff de los condados de Madison, Niagara, Nassau, Steuben y Cattaraugus.
También figuran el Departamento de Policía de Camden, la Oficina del Sheriff del Condado de Broome, el Departamento de Policía de la Villa de Allegany y las oficinas del sheriff de los condados de Rensselaer y Otsego.
Al menos dos agencias han planteado la posibilidad de emprender acciones legales contra las nuevas restricciones, según informaciones atribuidas a un portavoz de la Fiscalía General.
Ante la posibilidad de litigios, la gobernadora Kathy Hochul defendió la aplicación de las medidas.
“Que vengan. Ningún ejecutivo de condado está por encima de la ley en este estado. La fiscal general será la única responsable de hacerla cumplir”, manifestó Hochul.
