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Mi experiencia con el aberrante 10% de propina

 
OPINIÓNRepública 93

Por Alnardo Díaz
alnardo_diaz@hotmail.com
Twitter: @alnardodiaz
Ig: @alnardo_diaz

Una de las cosas más odiosas e injustas en sociedades tan desiguales como la dominicana es la estructura tributaria, por no existir una proporcionalidad, donde los que más tienen paguen más, donde los beneficios generados por los grandes capitales sean objeto de un pago de impuestos objetivo.

Muchas empresas y empresarios se escudan tras las tristemente célebres exenciones fiscales, régimen de Zona Franca, régimen de Zona Franca Especial, exoneración de combustibles, evasión de impuestos, etc. Sin embargo, la población en general tiene indefectiblemente que pagar impuestos directos en la mayoría de los bienes, productos y servicios que adquiere.

En nuestro país, cada vez que una persona compra y consume comidas/bebidas en negocios formales, al monto facturado se le adiciona un 18% del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializaos y Servicios (ITBIS) y un 10% de “propina legal”. En otras palabras, se paga 28% de impuestos.

De acuerdo al artículo 228 de la Ley No. 16-92 (Código de Trabajo de República Dominicana) “en los establecimientos comerciales donde se expende para su consumo en esos mismos lugares comidas o bebidas, es obligatorio para el empleador agregar un 10% por concepto de propina en las cuentas de los clientes, a fin de ser distribuido íntegramente entre los trabajadores que han prestado servicio”`.

Según la Real Academia de la Lengua Española, la palara propina hace referencia a una “gratificación con que se recompensa un servicio eventual”. Partiendo de ese concepto es muy fácil colegir que esa recompensa debe ser voluntaria, y por simple lógica, motivada por el nivel de satisfacción que sienta el cliente con el servicio recibido. Pero la ley que rige en ese sentido convierte ese 10% en un impuesto directo colectado del comprador y con el que en la práctica los empleadores de los hoteles, restaurantes, cafés, bares, discotecas y negocios afines utilizan el mismo para subvencionar los bajos salarios que pagan a sus trabajadores y en otros casos no hacen la distribución de dichos fondos de acuerdo a lo especificado por la ley. Esa situación llega a al extremo que el personal de esos establecimientos no ve la propina de ley como tal, sino siempre están pendiente a que se le recompense en efectivo y de forma particular.

En varias ocasiones he tenido la desagradable experiencia de ver en mi factura incluido el 10% de propina, a pesar de haber ordenado mi comida para llevar, lo que evidentemente es una violación a lo establecido en el Código de Trabajo. La primera vez me percaté de esa irregularidad al revisar los detalles de mi cuenta por pura curiosidad. Normalmente quien me atiende en caja muestra una  actitud que conjuga vergüenza e incomodidad al momento que recibe mi reclamo, al tiempo que pasan el caso a su supervisor (a) por ser la persona autorizada para otorgar un “descuento” equivalente al 10% del monto consumido. Siempre me aseguro de hacer saber al establecimiento que conozco lo que establece la normativa al respecto, catalogando el hecho como una acción deshonesta.

¿Es justo dar propina de forma obligatoria? Hace unas semanas mi familia y yo fuimos a almorzar a un restaurante muy conocido del Distrito Nacional, ubicado en la avenida Independencia esquina Pasteur, al que habíamos visitado en otras oportunidades; empero esta vez fue muy desagradable: se tomaron muchísimo tiempo para llevar lo que habíamos ordenado, el agua estaba caliente (a pesar de haberle pedido fría), la comida estaba fría (se la llevaron a “calentar” y la regresaron igual, hubo cosas que pedimos y nunca nos llegaron; sin dejar de mencionar que sufrimos una falta de atención irrespetuosa. ¿Merecen un agrado económico en una coyuntura como esa? Siendo la propina una gratificación, cuando no estamos satisfechos con un servicio estamos premiando las deficiencias de ese lugar, involuntariamente, y contribuyendo a una escasa valoración de la importancia de una atención de calidad. Es necesario decir que es una sinrazón que una ley fuerce a los ciudadanos subsidiar los salarios que un empresario paga sus empleados.

Sería de justicia la eliminación del artículo 228 de la Ley No. 16-92 y dejar bajo el libre criterio y voluntad de los clientes el considerar o no agradar a quienes les atienden. Durante la presidencia de Danilo Medina sectores empresariales han insistido sobre la “necesidad” de modificar el Código de Trabajo de RD, sin embargo, en ninguna de las discusiones se ha tocado este tema.

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